CERMIS Autonómicos

La Clínica Jurídica por la Justícia Social de la Universidad de Valencia presenta al CERMI CV un informe sobre el copago farmacéutico

14/05/2013

La “Clínica Jurídica per la Justícia Social”, de la Facultad de Derecho de la Universitat de València, ha presentado a los miembros del Comité Ejecutivo del CERMI Comunidad Valenciana (CERMI CV) un dictamen jurídico, encargado por la Ejecutiva de esta última entidad, que incluye un análisis de la reciente reforma del régimen sanitario de las personas con discapacidad en la región.

En su día, el CERMI CV se opuso con protestas a la derogación del artículo 16.2 de la Ley del Estatuto de las Personas con Discapacidad, hecha efectiva por la Generalitat Valenciana, pues privaba a los ciudadanos con discapacidades severas del acceso gratuito a los fármacos y productos ortopédicos, una prestación de la que gozaban desde 2003. La derogación se produjo sin ningún tipo de aviso ni consulta al sector de la discapacidad, lo que también fue objeto de críticas en su momento por vulnerar las normas que obligan a efectuar tales consultas.

La Generalitat justificó su decisión de eliminar la gratuidad de productos farmacéuticos y ortoprotésicos para las personas con discapacidad en la necesidad de ajustar la normativa autonómica al Real Decreto Ley 16/2012, que estableció un nuevo sistema de aseguramiento sanitario común para todo el Estado en función del nivel de renta.

No obstante, el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, abrió la puerta a la reintegración de la gratuidad si el CERMI CV presentaba un informe jurídico que demostrase la competencia de la Generalitat para volver a la gratuidad. El CERMI CV aceptó la propuesta y encargó el preceptivo dictamen a la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho.

Tras dos meses de estudio y análisis del régimen de la sanidad pública, tanto estatal como autonómica, el informe, que se ha presentado y entregado en una reunión plenaria del Comité, sostiene de forma contundente la competencia de la Generalitat y demuestra, sin lugar a dudas, que el decreto estatal de 2012 no sólo no obliga a modificar la normativa autonómica, sino que, a través de una cláusula, permite que se mantengan aquellas regulaciones que las distintas comunidades autónomas han aprobado para dispensar una especial protección a las personas con discapacidad.

Múltiples indicios

En un extenso y pormenorizado trabajo de medio centenar de páginas, elaborado por los estudiantes de la Clínica Jurídica bajo la supervisión de dos catedráticos de la Facultad, el dictamen aporta múltiples indicios de la existencia de dicha competencia autonómica, como varias sentencias del Tribunal Constitucional, el mantenimiento de la gratuidad para otros colectivos (como los menores tutelados por la Generalitat o los niños y adolescentes valencianos con alguna discapacidad) o el hecho de que otras comunidades, como Navarra, el País Vasco y Castilla-León, la recogen en sus leyes y la aplican.

Además, el estudio demuestra que, tras el decreto estatal de 2012 y durante varios meses, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tuvo conocimiento de la existencia de dicha gratuidad y no la recurrió en ningún momento ni exigió a la Generalitat que la eliminase.

Por último, el dictamen sostiene que la supresión decidida por el Consell supone una medida de discriminación indirecta contra el colectivo de las personas con discapacidad que atenta contra el principio de igualdad recogido en la Constitución y agrava la situación personal, familiar y social de estas personas, dificultando así su integración al crear barreras insalvables en el acceso a medicinas y productos ortopédicos que son esenciales para desarrollar una vida normal.

Más de 3.000 euros anuales de sobrecoste

Los autores del informe han recordado que el sobrecoste que afronta una familia valenciana por el hecho de contar entre sus miembros con una persona con discapacidad supera los 3.000 euros al año, aun contando con las ayudas y prestaciones que recibe del Estado. Esa situación de desventaja se ve ahora agravada por la decisión de la Generalitat de someter a las personas con discapacidad al régimen general de copago en distintas prestaciones, no solo la farmacéutica.

Tras recibir el dictamen, el presidente del CERMI CV, Juan Planells, agradeció el trabajo de los miembros de la Clínica Jurídica y afirmó que solicitará en los próximos días una reunión con el conseller de Sanidad para entregarle el informe y demandar el restablecimiento del artículo derogado de la Ley del Estatuto de las Personas con Discapacidad y garantizar así el acceso gratuito de estas personas a la prestación farmacéutica y ortoprotésica.

El CERMI CV es la máxima plataforma de representación, defensa y acción social de las diferentes discapacidades en la Comunidad Valenciana y representa a más del 95% de las más de 400.000 personas con discapacidad de eseta comunidad autónoma.